En noviembre pasado, la Contraloría de Chile ordenó la paralización de la construcción de los denominados guetos verticales en la comuna de Estación Central (Santiago). En respuesta, un grupo de inmobiliarias ha presentado este viernes 14 de diciembre una serie de recursos de protección en contra de la resolución, mientras la Cámara Chilena de la Construcción ha levantado la alarma respecto a la paralización de proyectos, como fue recogido por el periódico chileno El Mercurio.
Paralelamente, el Colegio de Arquitectos de Chile, la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA), la Asociación de Directores de Obras y Profesionales de las Direcciones de Obras de Chile, la Asociación de Arquitectos Revisores Independientes de Chile y la Asociación Nacional de Revisores Independientes, emitieron un documento al que El Mercurio obtuvo acceso, donde reclaman que "han visto afectado [el] derecho a ejercer la actividad profesional con confianza [...] debido a la incerteza jurídica por la que atraviesa nuestro rubro", escriben.
En esa misma línea, el periódico financiero Estrategia publicó este lunes 17 una carta del histórico arquitecto chileno Miguel Lawner, director de la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU) entre 1970 y 1973, quien cuestiona el posicionamiento del Colegio de Arquitectos "en contra de los dictámenes de la Contraloría, que han permitido dejar al descubierto, al menos en parte, las enormes transgresiones cometidas por grandes promotores inmobiliarios contra las normas y ordenanzas que rigen el ejercicio de la construcción".
Lawner ejemplifica con un permiso de edificación en la comuna de Estación Central: una torre de 38 pisos con 540 viviendas en un terreno de 1.031,21 metros cuadrados, "alcanzando una densidad de 20.970 habitantes por hectárea y un coeficiente de constructibilidad de 15.93", cuando la densidad promedio en Estación Central es de 79 habitantes por hectárea, recuerda el arquitecto, citando un artículo de Cociña y Burgos, publicado en 2017 por CIPER Chile.
"¿Considera el Colegio de Arquitectos que en este caso y otros 70 permisos de edificación objetados por la Contraloría, se está velando por la verdad, la belleza y el servicio de la comunidad, como lo establece nuestro juramento?", se pregunta Lawner. "¿A quién defiende el Colegio de arquitectos? ¿Defiende a la comunidad como reza nuestro juramento, o defiende a las grandes empresas inmobiliarias y fondos de inversión, impulsores de atentados sin precedentes en nuestra historia, cometidos contra una comunidad afortunadamente más consciente de sus derechos?", agrega.
Lee la carta de Miguel Lawner aquí.
Vía La Tercera, El Mercurio, Estrategia.
