Miguel Lawner fue director ejecutivo de CORMU, hasta el Golpe de Estado de 1973, tras el cual fue detenido en diversos centros de concentración, hasta su exilio en Dinamarca. Desde el extranjero y luego de su retorno a Chile en los 80, continuó trabajando en proyectos sociales. Fue secretario de redacción de la Revista AUCA, director del Colegio de Arquitectos de Chile y de la ONG Taller de Vivienda Social.
¿Cuál era la filosofía arquitectónica que regía en los proyectos desarrollados por la CORMU?
Lo principal de nuestra filosofía era que prevaleciera el bien común por encima de los intereses privados. Lo segundo era darle prioridad a los sectores más postergados, que hasta entonces y según el plan de vivienda del gobierno de Eduardo Frei Montalva, que dicho sea de paso fue el primer presidente en crear un plan de vivienda bien configurado, excluía al 20 por ciento de personas de sectores con menos recursos, ya que a estos se les hacía imposible poder optar debido a sus bajos ingresos. Nosotros eliminamos esa condición y no hicimos consideraciones de ahorros previos mínimos para la gente, es decir, le dimos prioridad justamente a los sectores postergados hasta entonces. Si lo expresáramos en términos actuales, es hacer realidad el derecho a la ciudad y el derecho a una vivienda adecuada.
¿Cómo fue el proceso que llevó a cabo en el proyecto de la Villa San Luis?
La Villa San Luis es un buen ejemplo de lo que acabo de manifestar. En esa época en la comuna de Las Condes había un problema significativo de “sin casa”, que estaba fuertemente organizado mediante un movimiento de pobladores, capaz de canalizar la demanda de los sectores más modestos por vía, fundamentalmente, de las tomas de terrenos.
En Las Condes había un número significativo de familias ubicadas mayoritariamente en la ribera norte del Río Mapocho, lo que actualmente corresponde a Lo Barnechea. Las demandas de soluciones habitacionales de los pobladores llevaban un largo tiempo, ya que estos solo aceptaban proyectos en Las Condes. Esto con justa razón, ya que la mayoría de los integrantes de los grupos trabajaba como empleada doméstica, chofer, jardinero, etc, precisamente en esa comuna. En cambio las soluciones habitacionales que les ofrecía el Estado se ubicaban en la zona sur de Santiago. Nosotros habíamos prometido soluciones en la zona donde ellos aspiraban a vivir, debido a que considerábamos que tenían el legítimo derecho a vivir en su comuna.
Afortunadamente la CORMU había logrado hacerse de un fundo (donde luego se emplazaría la Villa San Luis) que había quedado como un oasis sin desarrollo en la ocupación de Las Condes. Cuando asumió el gobierno de Salvador Allende, la CORMU ya había diseñado proyectos de otra naturaleza para ese terreno, ante lo cual nosotros decidimos postergarlos para realizar un proyecto íntegramente social, capaz de contener 1038 viviendas en su primera etapa.
Luego iniciamos una segunda etapa al otro lado de la avenida Manquehue, que hasta hoy en día no ha sido demolido, lo que demuestra lo razonable y justa que fue nuestra política, dado que se podría haber conservado el proyecto que fue demolido en las mismas condiciones que el que actualmente se mantiene.
Como saben, casi inmediatamente después del golpe militar, la junta le echó mano a este conjunto ya teniendo claro el propósito de desalojar a todos sus residentes. Estos habían sido adjudicados con todas las normas vigentes en esa época, siendo propietarios completamente legítimos. Ellos fueron despojados de un bien adquirido legítimamente. A mi juicio es uno de los atentados más graves en la historia urbana de Chile, donde unos 5000 chilenos fueron privados de sus viviendas de forma injusta y violenta, sacados de sus casas en los carros basureros de la municipalidad y en algunos casos arrojados a potreros, lo cual es una ignominia que no tiene nombre. No hay ninguna razón que pueda justificar semejante atropello a la dignidad humana.
¿Cuáles fueron los cambios fundamentales de la vivienda social posterior al golpe de Estado?
Chile se podía sentir orgulloso de la calidad de construcción habitacional hasta antes del golpe de Estado, y no estoy hablando de lo que hicimos nosotros, sino que de lo que hicieron todos los gobiernos posteriores al terremoto de Chillán de 1939. Indiferentes de su color político, todos tuvieron, bajo el punto de vista nuestro, una conducta profesional “razonable”, con mucho menos recursos de los que tenemos actualmente.
En años anteriores al golpe de Estado las instituciones relacionadas a vivienda estaban dirigidas en alguna medida por arquitectos. En los años posteriores y con las nuevas políticas de la junta de gobierno pasaron a estar dirigidas por economistas, es decir no había un interés social. De esta manera la vivienda se transformó en una mercancía destinada a ganancia, profitar y lucrar. Lo mismo que pasa actualmente con la educación.
¿Qué opina del actual sistema de subsidio?
El sistema de subsidio es una forma de transferir los fondos del Estado a las inmobiliarias privadas. El mismo rol que juega el voucher en educación.
En el caso de la vivienda hubo otro error, el subsidio individual. Con esto se buscaba afectar la fuerza y unidad del movimiento de pobladores, ya que en Chile el movimiento era muy importante. El subsidio hace que cada cual se sienta como depositario de una solución habitacional, en la que le importa un bledo juntarse con su vecino para luchar por las soluciones habitacionales. No existirá una real solución habitacional mientras subsista este mecanismo de financiamiento. Es necesario recuperar la solidaridad. Actualmente se establece el subsidio a la oferta y no a la demanda, que es según lo propuesto por Milton Friedman: el derecho a elegir. Esto es una ficción porque con el subsidio de 800 UF de un poblador, ¿qué soluciones tiene él en el corazón de Santiago? Ninguna. Obligatoriamente tiene que irse a comunas periféricas, que es la oferta que le ofrece el mercado. La llamada opción de elegir es un fraude que no existe.
¿Cuál es la responsabilidad de los arquitectos y la escuelas de arquitectura en las prácticas nocivas relacionadas a vivienda?
No sé cuanto entran las escuelas en los debates sobre las políticas públicas habitacionales. Tengo la impresión al relacionarme con gente joven, que tiene master y doctorados acá y en el extranjero, que lo que se está enseñando básicamente en la actualidad, son los mecanismos de cómo mitigar la obra que hace la empresa privada, es decir “yo Estado” tengo la responsabilidad de hacer las cosas bien, pero cedo esa opción a la empresa privada. Luego me vuelvo loco creando mecanismos, dictando leyes y reglamentos para intentar mitigar los efectos que va a producir la intervención de la empresa privada en determinado territorio.
Si el Estado condujera el desarrollo urbano no habría necesidad de mitigar nada, ya que desde un principio las cosas se harían bien en virtud de los recursos que se tengan, pero sin los efectos negativos que se sabe que el capitalismo inmobiliario produce.
El rol conductor del Estado no se puede resignar. Acá no hay términos medios. O lo hace el Estado o lo hacen las empresas inmobiliarias. Si lo hacen estas últimas, será con el único objetivo de ganar dinero. La postura actual debería ser de asumir que han pasado 40 años de una política maldita y sería bueno que hiciéramos un balance real sin cerrar los ojos o justificar mediante lenguajes tecnócratas. Si no lo hace el Estado, es imposible pedir que prevalezca el bien común.
La “Arquitectura Chilena” es actualmente destacada por la vivienda social. El reciente premio Pritzker de Alejandro Aravena fue otorgado por lo que los jurados consideraron un desacatado trabajo en este ámbito. ¿Qué opina del trabajo realizado por Elemental?
Elemental ha hecho una cantidad de obras significativas. Alejandro Aravena es un arquitecto dotado que ha hecho edificios muy importantes, pero en el campo de la vivienda social es un fresco, porque el problema de la vivienda social no se encuentra en arquitectura “más o menos”.
La unidad habitacional que él ha concebido y su forma de agrupación la podríamos calificar de razonable y bien justificada, pero ¿en qué terreno lo hace y cómo lo hace?
En el caso de la ciudad de Constitución, lo pudo realizar con el apoyo de la empresa Celulosa Constitución (CELCO), que se encuentra instalada en la zona. Esta ofreció financiar el plan regulador y subsidiar los trabajos para que Elemental realizara el proyecto que hizo. De todas maneras ese conjunto no tiene consideraciones urbanísticas. No se pueden comparar con los programas estacionales de cualquier signo que hubiera sido de cualquier gobierno antes de la dictadura, donde los factores urbanos y de relación con la ciudad estaban mucho más considerados de lo que él consideró en el caso de Constitución, de manera que eso es un fraude.
Aravena trabaja bien pero no puede hablar de vivienda social, porque no va a la esencia del problema, la cual no es la forma. Podríamos decir que el bloque que ha utilizado Aravena es inteligente, pero tampoco lo puede repetir al infinito. Nosotros jamás hicimos un conjunto habitacional con un solo modelo de vivienda. Eso es una aberración bajo el punto de vista espacial. Nosotros los arquitectos tenemos que tener consideraciones hacía el ser humano. Es una brutalidad, un tipo llega ahí y no sabe donde cresta está la casa donde él vive, porque todo es el mismo tipo repetido por mil.
Actualmente hay una estereotipación de lo que es una vivienda social. Esta es considerada como de mala calidad, pobre y barata, a diferencia de lo que uno podría entender con otros proyectos de vivienda anteriores a la dictadura.
¿Qué visión tiene al respecto?
Nunca hicimos algo pobre ni barato, puedes acusar de que se hicieron viviendas relativamente pequeñas en algunos casos. Cuando fue así, siempre eran viviendas de uno o dos pisos con un terreno que permitían alguna ampliación ulterior. Cuando construimos un bloque en altura jamás hicimos viviendas en una superficie tal que fueran “invivibles”, como la mayoría que se hicieron posteriormente, con superficies de aproximadamente 40 m2. En consecuencia, la calidad bajo un punto de vista constructivo, es un factor que nosotros los arquitectos no podemos omitir, así como también la belleza. Por muy modesto que sea el grupo habitacional al cual estamos dedicando nuestro trabajo, tienen derecho a disfrutar de un entorno hermoso en la medida de lo posible y para eso nos hemos preparado los arquitectos.
Esto de consagrar que el usuario termine la vivienda por propia opción es consagrar la inexistencia del derecho a la vivienda. En el caso que los recursos no son suficientes tenemos que entregar una unidad sólida bien hecha y dar la opción en terreno de que pueda ser ampliada por el propietario, pero partir desde el punto de vista de dar una “cáscara” que después cada cual va a terminar, es, como dije, consagrar a que es imposible el derecho a la vivienda y eso no es justo. Eso tiene que ser un derecho. Está consagrado en el pacto de Naciones Unidas suscrito por nuestro país hace muchísimos años, el derecho a una vivienda adecuada es un derecho social.
¿Cómo la vivienda de interés público se acomoda tanto a nuevos estilos de vida, como a problematicas de género o de inmigración?
Esos son problemas que tenemos que considerar. El problema de los inmigrantes es realmente serio, y hay que hacer un esfuerzo por desarrollar un paquete importante de viviendas no en propiedad, sino que en arriendo, dedicado fundamentalmente a los inmigrantes. Estos tienen un periodo de transición hasta que se logran establecer definitivamente. Nosotros por esa vía le podemos resolver una necesidad real.
Dicho sea de paso no todos los países del mundo tienen el concepto de vivienda de interés público en propiedad, en la mayoría es fundamentalmente vivienda en arriendo. Las desventajas de una vivienda en propiedad es que cuando quieres hacer cualquier cambio necesitas la unanimidad de los copropietarios. Cuando es en arriendo todos esos arreglos los hace la cooperativa. El arriendo es una opción que debemos impulsar como parte de las políticas publicas de vivienda, pero eso implica tener una institucionalidad diferente que hoy no tenemos, porque ¿quién va a gestionar ese riesgo? ¿Los municipios? Difícil. Para eso el mecanismo ideal son las sociedades mixtas que creó la CORMU junto con los municipios. Yo presidí dos sociedades mixtas VICORMU y CORMUVAL. Ese es un instrumento ágil y a nivel local, que si existiera le podrías entregar perfectamente un paquete de viviendas para administrar.
Ante lo que usted propone el primer obstáculo sería el “derecho a la propiedad privada”, al cual la constitución actual venera, incluso, sobre el derecho a la vida.
Lo que mencionan es verdad. Ahí yo reconozco que eso excede nuestro ámbito como arquitectos. Eso hay que combatirlo e implica una reforma constitucional. El cambio de esta maldita constitución que arrastramos hasta el día de hoy. Hay que recuperar la función social de la propiedad. Un ejemplo de esto fue la reforma constitucional que hizo el presidente Frei Montalva que subrayó la importancia de la función social de la vivienda(1).
En el Consejo de Desarrollo Urbano (CNDU) he planteado la necesidad de recuperar estas atribuciones que estableció dicha reforma constitucional. Sin estas atribuciones y capacidades jurídicas no se podrián haber hecho las obras que nosotros hicimos. Hoy en día un obstáculo muy serio es que si no hacemos conciencia de esto, estamos en problemas. Muy probablemente la gente ignora las limitaciones que esto representa y el Ministerio de la Vivienda no hace ningún esfuerzo por poner esto en claro ni por modificarlo, sino que paga una fortuna en expropiaciones como por ejemplo las que requieren los corredores del Transantiago, que son un bien común.
La propiedad en esos casos debiera jugar un rol social, pero sin embargo se pagan unas fortunas ya que cualquiera se considera afectado en sus intereses. No tiene sentido que el Estado esté dilapidando los fondos de todos los chilenos en una obra de bien común, que si tuviéramos las atribuciones de antes sería más fácil. No se trata tampoco de despojo, nosotros no despojábamos a la gente, pagábamos lo justo, no valores especulativos. Hay propietarios que se compraron una vivienda y jamás han invertido un peso en ella, pero el Estado les construye una linea de metro, incrementando en 10 veces el precio de su terreno y ellos considera legítimo apropiarse de toda esa plusvalía y que el Estado no comparta nada o se la tome en su totalidad, porque finalmente estamos hablando de una inversión del Estado.
¿Cuál cree que es la relación entre arquitectura y política?
Nosotros los arquitectos tenemos el derecho y deber de tener conciencia política.
Yo milité durante muchos años en el partido comunista, si bien ya no milito por diversas razones, creo que es un deber de los arquitectos tener conciencia, nosotros no somos tecnócratas. La reforma de la Universidad de Chile del año 1946, de la cual yo fui beneficiario y muchas otras generaciones, subrayó la importancia de tener conciencia social, incorporando cátedras como sociología y economía, le dio a urbanismo una importancia extrema en el desarrollo justamente con el objeto de hacernos a nosotros estudiantes con conciencia social más que estrechamente política.
¿Qué mensaje le daría a los estudiantes de arquitectura?
Les diría que se vinculen a los pobladores, o sea todo lo que ganamos en el pasado fue por la fuerza de las organizaciones sociales y nosotros estuvimos muy vinculados. Yo puedo decir que tengo el honor de haber participado de la toma de la Población La Victoria, el plano lo hicimos nosotros, con todos sus defectos, pero por años el movimiento de pobladores tuvo su apoyo técnico en un grupo de profesionales, no solo arquitectos, sino también médicos, economistas, veterinarios. Parte importante de la formación de lo que yo tengo y pregono (sin mucho éxito) se debe a esta formación maravillosa que recibí. Es decir, hay que estar vinculados a las organizaciones sin casa, a las juntas de vecinos. Yo tengo el gusto de haber estado con los compañeros de la Villa Olímpica en la pelea que libraron por años y celebrar como nadie el éxito logrado.
