La construcción de la Sagrada Familia, aquella inacabada obra maestra de Antoni Gaudí en Barcelona, se había zafado durante sus 134 años de edificación de abordar tres conflictos aún no resueltos: la ausencia de un permiso (contemporáneo) de obra, el no pago de impuestos y la incertidumbre respecto a si finalmente se construirá o no la gran explanada hacia el sureste imaginada por Gaudí, previa expropiación de hasta 3.000 residentes y locatarios, todos vecinos de la Sagrada Familia en la fachada de la Glòria.
En los últimos diez días, los tres problemas han estallado casi simultáneamente, pero vamos por parte. Amargamente molesto por lo que según su criterio es "un proyecto sin planos en nombre de Gaudí", el concejal de Arquitectura, Paisaje Urbano y Patrimonio de Barcelona Daniel Mòdol catalogó a la Sagrada Familia como una “mona de Pascua gigante”.
Sus palabras, difundidas por la prensa hace dos semanas, opacaron una (aprobada) proposición municipal que exigirá a la comisión de seguimiento de las obras del templo "si piensa modificar el planeamiento de los alrededores de la basílica", en un plazo máximo de seis meses. Esto en referencia a la gran explanada diseñada por Gaudi en su plan original, frente a la fachada de la Glòria (entre Mallorca y Aragó): un paseo de 60 metros de ancho que conectaría el templo con la avenida Diagonal.
El Ayuntamiento de Barcelona tomó cartas en el asunto y anunció la creación de una Comisión de Calidad de la Arquitectura, tal como ocurre con el resto de las construcciones de la ciudad, pero esta será exclusiva para la Sagrada Familia. A su vez, el Patronato del templo ha reaccionado y solicitó reunirse con las autoridades con tal de explicar cómo se está planificando la delicada construcción de las seis torres finales del proyecto: la de Jesucristo con 172,5 metros, la de la Virgen María (140 metros) y otras cuatro dedicadas a los Evangelistas (135 metros cada una), todas producidas fueras de Barcelona y ensambladas en terreno.
Respecto al permiso de obra, el Patronato de la Sagrada Familia ha salido a explicar a la prensa española que la construcción se apoya en una petición de permiso solicitada al Ayuntamiento de Sant Martí de Provençals en 1885, 12 años antes de su anexión administrativo a Barcelona. En esa línea, Jordi Faulí, el arquitecto jefe del templo explicó la postura del Patronato ante la ausencia de un permiso de obra, tras la consulta de El País en septiembre pasado:
“Tienen las puertas abiertas [para fiscalizar], pero no se trata de una obra nueva, sino que seguimos avanzando con el proyecto original que cuenta con la licencia que se pidió en su momento al municipio de Sant Martí de Provençals”.
Junto a la tramitación de permisos para la obra -un tema postergado por todas las administraciones del Ayuntamiento- el actual gobierno exigirá que el templo pague impuestos. El presidente delegado de la Fundación Sagrada Família, Esteve Camps, ha explicado a La Vanguardia que la basílica “está dispuesta a pagar los impuestos que le corresponda pagar según la ley”, sin especificar si se tratan del impuesto al permiso de obra (ICIO) o sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Con información de El País, ABC.es, eldiario.es y La Vanguardia.
