Antes del incendio en Valparaíso y el terremoto 8,2 en Iquique -ambos en 2014-, Chile enfrentaba simultáneamente tres procesos de reconstrucción tras un terremoto en la ciudad de Tocopilla (2007), la erupción del volcán Chaitén (2008) y el terremoto de magnitud 8,8 que afectó a la zona central en 2010, conocido masivamente como 27F.
Ayer martes 28 de enero, y ante representantes de organizaciones sociales y autoridades locales y regionales de las zonas afectadas por estos desastres naturales, la Delegada Presidencial para la Reconstrucción, Paula Forttes, entregó simbólicamente en un acto realizado en el Palacio de la Moneda los planes de reconstrucción a la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet.
Más información sobre los planes después del salto.
Presidenta Michelle Bachelet recibió Planes de Reconstrucción del Maule, Tocopilla y Chaitén http://t.co/Fs4Nni3fi0 pic.twitter.com/NKOVEx1Ojn
— Intendencia Maule (@IntendenciaVII) January 28, 2015 Concluyendo su participación activa como delegada presidencial para la reconstrucción tras su nombramiento en marzo de 2014, Paula Forttes expuso el diagnóstico de los planes y sus respectivas metodologías de trabajo, asegurando que se trató de un "diagnóstico con personas y territorio" y no sólo sobre "lo que se hace, sino cómo se hace".
De formación asistente social, Forttes destacó en esa línea que no se trata exclusivamente de una planificación sobre infraestructura urgente, sino que el diagnóstico se caracterizó por un énfasis psicosocial: las vulneraciones de los derechos de la mujer, las dificultades inmediatas de discapacitados y la vulnerabilidad de niños y adultos mayores ante estos casos de emergencia.
Respecto a la reconstrucción de viviendas, la delegada señaló que existen 23.000 familias relocalizadas, pero aún falta la recepción municipal de 39.000 viviendas afectadas por el 27F. Asimismo, reconoció que debido a la cantidad de recursos asignados, las nuevas construcciones se emplazan en la periferia de las ciudades afectadas, pero sería labor del Estado compensar a la población afectada, señalando que "no podemos cambiar de localización, pero sí fortalecer servicios, equipamiento y locomoción colectiva (transporte) para estas familias".
En ese sentido, emblemático es el caso de la ciudad de Talca, en la cual anteriormente al terremoto de 2010, el 60% de los habitantes de su centro histórico pertenecían al 40% más pobre de la población, y tras el sismo, un 53% de las viviendas resultaron dañadas y seriamente amenazadas por el aumento significativo del valor de suelo y un paulatino proceso de gentrificación, tal como aseguraron los autores Alejandra Rasse y Francisco Letelier en una investigación desarrollada en 2013 sobre el estado de esta ciudad.
A modo de conclusión, y tras anunciar la implementación de un plan de monitoreo para medir los niveles de avance de los respectivos proyectos, tanto Forttes como en el posterior discurso de Michelle Bachelet, ambas hicieron hincapié en los futuros pasos de la reconstrucción, advirtiendo que es de largo aliento, y "traspasa las administraciones políticas", y sobrepasa las cifras, pues quedan también en evidencia otras problemáticas, necesidades y desafíos territoriales, urbanos y sociales.
Presidenta #Bachelet sobre la reconstrucción: "Es un proceso complejo, desde la realidad material hasta la situación sicológica".
— Nicolás Valencia M. (@NicoValenciaM) January 27, 2015 Entre los tópicos señalados, se destacan la desigualdad territorial, el fortalecimiento de la red de salud mental que asista a los afectados, la descentralización de decisiones y recursos, y finalmente, ser capaces de diferenciar no solo los procesos de reconstrucción en zonas urbanas y rurales, sino también entre las distintas ciudades afectadas. "La realidad de Tocopilla, de las regiones del Maule o Biobío y de Chaitén es muy diferente a la realidad de Santiago, Valparaíso y O’Higgins. Las respuestas deben ser diferentes para cada caso”, señaló la Presidenta.
"Queda en evidencia la tremenda desigualdad territorial tras los desastres naturales. Ello implica para el Estado un desafío mayor. Requiere de políticas más descentralizadas, de mayores competencias para las regiones, de mayor capacidad de planificación en los territorios. Todas ellas (son) tareas que estamos abordando a través de la agenda de descentralización”
