Al cierre de esta columna, las personas fallecidas superan las 130 y hay más de 15 mil viviendas afectadas en los mega-incendios de Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué, ocurridos en Chile a comienzos de Febrero de 2024. Tragedia que, ante todo, nos hace lamentar una vez más la falta de planificación urbana y seguir mejorando programas de prevención, evacuación y alerta. Estos hechos también nos llaman -otra vez- a delinear algún diagnóstico y cursos de acción hacia la necesaria adecuación.
Pese a las advertencias, la construcción realizada en cerros y laderas -con o sin la anuencia de una autoridad permisiva-, llevó a que en las últimas décadas miles de inmuebles se edificaran en la interfaz urbano-forestal, fuera de la planificación regular. Hoy ante nuevas exigencias del cambio climático, son áreas donde la vegetación seca y vientos a alta velocidad, favorecen la expansión de las llamas, lo que se suma a la peligrosa combinación con altas temperaturas. Esto ha ocurrido sucesivamente, desde las lecciones del terremoto e incendio urbano de 1906 al anterior gran incendio del 2014, repetidos en 2019 y 2022, dejando tras su paso pérdidas de vidas y bienes, pero también gatillado algunas modernizaciones normativas iniciadas, pero aún insuficientes.
Ante este nuevo fracaso de la planificación y la prevención, ¿cómo enfrentar las próximas emergencias? El emplazamiento de cortafuegos retardadores obligatorios, fiscalizados por organismos técnicos en las áreas limites entre la urbe y sectores rurales es clave.
El Ministerio de Obras Públicas mantiene un plan con ese fin, el que debería extenderse y contar con mayores recursos y combinarse con las nuevas iniciativas de desalación. Son los alcaldes y las comunidades organizadas las que deben hacerse cargo de esa tarea, junto a los privados que poseen suelos productivos en esas áreas límites que son riesgosas.
En paralelo, la academia ha planteado poder implementar una ley integral anti-incendios forestales, tal como el país asumió hace décadas una exitosa norma sísmica, ampliamente validada. Esa regulación debe contener parámetros consensuados sobre materialidad de las viviendas, sectores aptos para la edificación, rutas de acceso de vehículos de emergencia y redes de agua disponibles como parte del desarrollo de nuevos proyectos. Una vez más, son las municipalidades fortalecidas las llamadas a supervisar e incluso multar a quienes no cumplan con esta infraestructura preventiva.
Debemos contemplar además nuevas formas de diseñar espacios públicos en las comunas ante este escenario de incendios que se agrava con el cambio climático: zonas húmedas que pongan freno a los siniestros, que faciliten refugio para los afectados.
Los sectores menos afectados -como el caso Botania- demuestran que un sistema de alerta resiliente es clave. Debe ser robusto y a prueba de la falla de antenas de telecomunicaciones. Los chilenos saben cómo actuar en caso de sismos y tsunamis (aprendiendo de las fallas ocurridas a partir de 2010), siendo ahora el turno de los mega-incendios.
Debemos mirar el caso de Australia en 2009, país que conformó una comisión especial que realizó un diagnóstico pormenorizado y recomendaciones técnicas ante una reconstrucción que se iniciará este año.
Sería interesante zonificar las áreas más susceptibles a la ocurrencia de estos eventos sistemáticamente -con datos actuales sobre asentamientos y potenciales poblaciones afectadas-, medidas concretas de acción en cada comuna y un organismo a cargo de manejar la emergencia.
Hoy, un cúmulo de instituciones enfrentan estas contingencias (Conaf, municipios, Senapred, entre muchas otras), pero se debería evaluar una entidad coordinadora fortalecida y bien financiada.
En definitiva, un aprendizaje doloroso que motiva una alianza público-privada, que debe fortalecerse ante estos lamentables hechos, para que consensuemos nuevas normas de convivencia que eviten tragedias, y especialmente que estas pérdidas se conviertan en acciones concretas.
*Alberto Texido es Académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y Consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).
