En las últimas semanas se han intensificado las reuniones entre el ministro Felipe Bulnes; el director nacional de Gendarmería, Luis Masferrer, y los analistas estadounidenses para afinar los detalles del proyecto.
Según lo planificado hasta ahora, los penales se ubicarían entre las regiones de Valparaíso y del Maule. Se encargó a personal del Ministerio de Obras Públicas la búsqueda de terrenos para la edificación: hay uno ya escogido en el sector de Panguilemo, en las cercanías de Talca, y hay otros tres que aún no están definidos.
Actualmente, una cárcel ocupa una superficie de unas 30 a 35 hectáreas, pero estos recintos serían construidos en paños por sobre las 70 hectáreas. ¿Por qué? En el área tradicional se ubicarán las dependencias destinadas para la reclusión, y en el espacio restante se habilitarán talleres de trabajo. Allí, según se concibe en el Gobierno, hasta se podrían instalar “sucursales” de algunas empresas.
Los penales tendrían una capacidad de entre 2.000 y 2.500 presos, abarcando un 20% de la población penal actual (que supera las 50 mil personas). Con esta iniciativa, sumada a la serie de beneficios penitenciarios a los que se acogerían unas 10 mil personas, se disminuirían ostensiblemente los críticos niveles de hacinamiento que afectan al sistema carcelario.
La infraestructura de los recintos (considerados “livianos” por quienes conocen el proyecto) va a ser acorde con la peligrosidad de los reos. Por ello, se modificaría el actual sistema de clasificación de los internos (baja, media y alta peligrosidad), generando una gama más amplia de categorías para cumplir con una segmentación más específica..
La administración de los recintos no será tradicional ni concesionada en su totalidad, se proyecta la implementación de un sistema mixto, en el que la construcción y dirección serán estatales, pero algunos servicios serán prestados por terceros.
Vía: Se Construye
