El Colegio de Arquitectos de Chile, a un año del terremoto y tsunami del 27 de Febrero 2010, ha compartido una declaración pública en la cual reflexiona sobre los aciertos y falencias que a su juicio ha presentado el proceso de reconstrucción en nuestro país. Los invitamos a leerla:
Directorio Nacional Colegio de Arquitectos de Chile 04 de marzo de 2011
A un año de ocurrido el terremoto y maremoto, el proceso de reconstrucción llevado a cabo durante este período ha generado opiniones sumamente dispares. Mientras los informes oficiales entregan un positivo balance de la reconstrucción, con avances cercanos al 60%, diversas comunidades y autoridades locales reclaman por la gran lentitud en la entrega de soluciones habitacionales y ayuda a los afectados.
En este sentido, queremos consignar en primer lugar la importancia de asumir que la reconstrucción no significa sólo volver a levantar lo que cayó, sino que configurar nuevos y mejores territorios y ciudades. De esta manera, el trabajo de reconstrucción que está llevando a cabo el país es una tarea a largo plazo, que no se limita sólo a superar la situación de emergencia, sino que persigue además establecer las bases de una nueva política de desarrollo urbano sustentable.
La devastación producida por el violento terremoto, motivó que el Colegio de Arquitectos reaccionara inmediatamente después de ocurrido el sismo, respondiendo a la urgencia y las necesidades de la población. Nuestra Orden, aunando fuerzas con las Escuelas de Arquitectura de las Universidades y otras organizaciones que ofrecieron su ayuda, conformaron una red de profesionales y estudiantes voluntarios para la realización de un catastro del estado de las construcciones de las diferentes comunas de la Región Metropolitana. Junto a ello, el Colegio abrió una red de ayuda a la comunidad para todos quienes necesitaran evaluar la situación de su vivienda, inscribiéndose cerca de 1.500 arquitectos voluntarios a lo largo del país. En este mismo marco, la XVII Bienal de Arquitectura 2010 reorientó sus objetivos bajo una nueva y urgente convocatoria: “8.8 Re – Construcción”, asumiendo la tarea urgente de la reconstrucción urbana y patrimonial, en la línea de obtener un mejoramiento sustantivo y sustentable de las condiciones de vida preexistentes.
Coronando todo este trabajo, nuestra Orden propuso en abril de 2010 las bases de un Plan Nacional de Reconstrucción, el cual incorporaba las consideraciones fundamentales del gremio para enfrentar la emergencia y lograr una reconstrucción eficiente, que respete la identidad del país y sus habitantes, rescatando el patrimonio urbano arquitectónico e incorporando procesos de innovación tecnológica y sustentabilidad. En este sentido, planteamos que una reconstrucción adecuada, que responda verdaderamente a las necesidades de la población, debiera contar con una efectiva descentralización y participación ciudadana.
La colaboración del Colegio y su compromiso con la reconstrucción, también han encontrado un cauce en la invitación del Ministerio de Vivienda a participar en el Comité Asesor Ministerial de Reconstrucción, donde la Orden ha tenido una participación muy activa, y una oportunidad para plantear sus puntos de vista y establecer un diálogo con el gobierno central, parlamentarios y otros actores relacionados con el tema de la reconstrucción. Esto ha permitido también tener una relación más estrecha entre el Colegio y el Ministerio con la firma de un protocolo y la creación de mesas de trabajo conjuntas para abordar temas más específicos y que están en pleno desarrollo, iniciándose un proceso análogo con la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.
No obstante, vemos que hay algunos elementos esenciales que no se han realizado con la celeridad ni eficiencia adecuada, reconociendo que estamos enfrentando un proceso complejo y de largo alcance, tal como lo demuestran las experiencias internacionales al respecto.
Consideramos que debiera haberse creado una Agencia de Reconstrucción especializada y ejecutiva desde el primer día, tal como indicáramos en nuestro Plan Nacional de Reconstrucción, la cual debería abordar integral y coordinadamente los diferentes sectores y ámbitos del gobierno involucrados. Esta Agencia debiera considerar aspectos de diseño urbano, arquitectónico, paisajísticos, presupuestarios, de financiamiento, legales, urbanísticos, tributarios, sociales, de seguridad, psicológicos, expropiaciones, valorización, equipamiento, infraestructura de servicios básicos y comunicaciones, entre otros. Junto con ello, presentamos la necesidad de creación de nuevas herramientas y normativas de acción. Un caso ejemplar es el DS MINVU Nº 174, del año 2005, que establece la asignación de subsidios a través del Fondo Solidario de Vivienda, el cual no resulta idóneo para asumir un sistema de asignación de recursos de subsidios en situación de urgencia, debido a que ha demostrado ser extremadamente burocrático, apreciación compartida por muchos agentes desde antes del terremoto. Este decreto concentró cerca del 70% de los 28 millones de UF del programa de reconstrucción asignados para el año 2010, por lo que sus fallas estructurales afectan todo el programa de reconstrucción.
Es digno de destacarse el intento por reconstruir en el mismo terreno que ocupaba el afectado antes del sismo, pero se hace imperioso revisar el mecanismo de asignación vía viviendas tipo, concebida como una asignación rápida, limitando el número de actores y las constantes modificaciones, contando con las certificaciones técnicas de la vivienda, sin necesidad de recurrir al mecanismo de asignación directa, que muchas veces no cuentan con los debidos respaldos técnicos y legales mínimos que aseguren un expedito inicio de obras.
Otro punto que merece nuestra preocupación, se refiere a la incorporación de la planificación urbana en las medidas de reconstrucción. En este sentido, se reconoce el avance en la formulación de propuestas de planes maestros de reconstrucción, que a la fecha alcanzan el centenar, pero que requieren pasar de una simple recomendación a la exigencia de su aplicabilidad, una vez que hayan sido sancionados por las autoridades y la comunidad. Resulta importante, que no se limiten a ser sólo correctores de las situaciones actuales, sino que incorporen una visión de futuro a partir de la oportunidad de intervenir territorios urbanos devastados por el sismo. Para pasar de la emergencia a una efectiva consolidación territorial, debe formularse una Política Nacional de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos, ausente históricamente de nuestra realidad, pero en este caso, acorde con los nuevos escenarios derivados del desastre. Se presenta la oportunidad de crear nuevos trazados urbanos y la generación de un nuevo ordenamiento territorial para el desarrollo de las ciudades del futuro.
Otra gran preocupación del Colegio de Arquitectos es la conservación y recuperación patrimonial, no sólo de los bienes oficialmente declarados como tales, sino de todos aquellos que representan la identidad de nuestras ciudades, pueblos y edificios aislados. Gran parte del patrimonio arquitectónico y urbano nacional fue gravemente afectado por acción del violento terremoto y maremoto, por lo que resultaba urgente calificar la situación de los inmuebles patrimoniales y su recuperación, registrando, catalogando y evitando la demolición descontrolada, desgraciadamente ocurrida inicialmente en gran escala.
Se considera fundamental resguardar la conservación del patrimonio y la reconstrucción de zonas típicas y áreas protegidas, mediante la asignación de subsidios especiales, créditos blandos, compensaciones y franquicias tributarias, ausentes hoy día en nuestra normativa, a excepción de algunas iniciativas incorporadas en el último tiempo para apoyar la restauración y reconstrucción especialmente de obras construidas en tierra, y que representan importantes porcentajes del total dañado. En el caso específico de la destrucción de los cascos históricos, está presente la necesidad de controlar la avidez inmobiliaria, que puede desatar fenómenos indeseables de concentración y cambios de patrones de asentamiento.
En este sentido, se hace aun más urgente actualizar y perfeccionar la Ley de Monumentos Nacionales y la respectiva institucionalidad patrimonial, junto con normar la construcción con materiales tradicionales e incorporación de nuevas tecnologías y seguridades estructurales. Al respecto, el Colegio de Arquitectos ha participado activamente en la creación de nuevas normas, tales como la NTM 002 de construcciones patrimoniales en tierra, a través del Instituto de la Construcción, cuya promulgación está pendiente por parte del MINVU.
Otro punto esencial para llevar a cabo en forma eficiente el proceso de reconstrucción, es la necesidad de abrirse a una amplia y efectiva participación ciudadana y de las autoridades locales en el proceso y medidas a adoptar. Parte esencial en el éxito del trabajo de reconstrucción de nuestro país es la descentralización y oportunidades que se abran para la incorporación de la comunidad en forma organizada y vinculante, con una adecuada asesoría técnica, de modo que las decisiones que se tomen a diferentes niveles territoriales recojan las formas de vida, memoria y cohesión social de cada barrio, pueblo o ciudad. Hay un inmenso potencial en las labores de reconstrucción que los propios afectados pueden enfrentar, pero debe tenerse presente que los tiempos del damnificado y los de los planificadores son disímiles, y deben buscar formas de sincronización.
Planteamos que debe hacerse efectiva la actuación descentralizada por la vía de la implementación de la Ley de Gobiernos Regionales y la modificación de la Ley de Juntas de Vecinos, incorporando un “Directorio Urbano” que asegure la participación de la comunidad, colegios profesionales, organismos académicos, laborales y ONG´s.
Finalmente, postulamos la importancia de aprovechar la oportunidad para generar una verdadera reconstrucción sustentable, incentivando la eficiencia energética en las obras de reconstrucción. Comprometido el país en esta tarea ante organismos internacionales y como lo ha hecho suyo la ciudadanía, debemos orientar esta nueva planificación de ciudades en la línea sustentable, generando mejores viviendas y asentamientos urbanos, con un mejor aprovechamiento de los recursos, reciclaje de los desechos e incorporación de técnicas e innovaciones contemporáneas.
Valoramos el apego a las normas legales existentes, pero ello no debería ser obstáculo para la creación de nuevas herramientas de acción, tales como las relativas a la aplicación de recursos para la reconstrucción y disposiciones reglamentarias, reconociendo los avances en el diseño sismorresistente de los edificios y disposiciones relativas a la calidad de los subsuelos. El Estado debe estructurar mecanismos explícitos y oportunos de coordinación intersectorial al interior del propio aparato gubernamental y con el sector privado, cuerpos intermedios y la comunidad, con el fin de asegurar el éxito de las medidas que se adopten. Una Agencia como la planteada por el Colegio al inicio de 2010, es sin duda el instrumento más idóneo para la aplicación e implementación de las diferentes acciones que proponemos.
Es inconveniente entregar metas y plazos numéricos que no se podrán cumplir. El país entiende la complejidad y envergadura de esta titánica tarea, pero ello debe ajustarse a la realidad sin involucrarse con objetivos difusos, cambiantes y a veces inalcanzables. Por ello, el Colegio de Arquitectos confía seguir promoviendo espacios de participación y discusión en este proceso de levantar un nuevo Chile, dispuestos siempre a poner a disposición los conocimientos y experiencia del gremio a nivel nacional, en apoyo por el bien del país y las zonas afectadas.
Directorio Nacional Colegio de Arquitectos de Chile
