“Carta publicada en el Foro del Colegio de Arquitectos, escrita por Alberto Montealegre K., ex presidente del Colegio de Arquitectos de Chile”.
El medio en el que operamos los arquitectos está gravemente deteriorado. Es una realidad, a veces hostil, que no depende de nosotros y en la que nuestra acción para cambiarla ha resultado ineficiente. Es importante entender esa realidad y tratar de actuar en ella en la forma más armónica posible, entendiendo y conciliando los intereses de los mandantes con los nuestros.
Este escrito muestra un diagnóstico del panorama más amplio del ejercicio profesional en el ámbito público, más allá de los concursos. Plantea condiciones que los arquitectos deberían encontrar en ese amplio terreno, ambiente que debe mejorarse y que debería ser objeto de una preocupación permanente del Directorio del Colegio. Un arquitecto individualmente no puede reclamar las acciones y correcciones necesarias; no tiene la fuerza para ello.
El Concurso de Arquitectura es un tópico recurrente para los arquitectos. Sin embargo, cuando se lo discute, los argumentos quedan siempre algo introvertidos en el tema de su mecánica y no se considera el contexto global y real del ejercicio profesional. Allí operan diferentes alternativas para obtener un contrato, siendo el Concurso de Arquitectura sólo una de ellas. En estas alternativas aparecen situaciones y problemas iguales a las de los Concursos, sin ninguna de las protecciones que los concursos auspiciados por el Colegio dan a los arquitectos. Este contexto global de la arquitectura pública, en que el Estado emplea cuantiosos recursos, participa un gran número de arquitectos por lo que debería formar parte permanente de las preocupaciones y acciones gremiales, en conjunto con los concursos.
La cuestión fundamental es la de quien adhiere hoy día a los principios que justifican a los concursos como institución y si la mejor calidad de la arquitectura pública es un tema que realmente sea valorado por la clase política y las autoridades que transitoriamente representan al Estado. La conclusión sobre esta materia es que los conceptos que orientan la política de concursos del Colegio de Arquitectos de Chile deberían extenderse en general a todos los proyectos y construcciones que gestiona el Estado. Se enfatiza de partida que debiendo ser los principios los mismos, su aplicación en las diferentes escalas y modalidades contractuales tendrá necesariamente varios formatos de aplicación.
GENERALIDADES:
a. Diversidad de proyectos: programas, urgencias y presupuestos.
La complejidad y requisitos del programa de un proyecto, puede de por sí ser una materia de investigación. El situarse bien en su problemática, en lo que se llama “el estado del arte”, de cara a un tema determinado y sus exigencias técnicas, es equivalente muchas veces a una investigación de carácter universitario de post grado. Otros proyectos pueden, en cambio, ser muy simples y estar su problemática centrada principalmente en sus requisitos funcionales.
En el primer caso, claramente aparece la realidad del trabajo en equipo, el factor horas/hombre y su costo, plazos necesarios para el estudio del tema, etcétera. El concurso acotado y con requisitos claros no puede operar fácilmente aquí. La concurrencia de otros profesionales especialistas en un proyecto lo condicionan en muchos casos en forma importante, gradualmente y durante todo su desarrollo. En este sentido el proyecto tiene el carácter de estudio e investigación, se llega a la forma final y no aparece ella como la idea genial o el momento de inspiración inicial.
Muchas veces el nombre del arquitecto titular se parece a una marca comercial que representa no sólo a una persona sino que a un equipo profesional formado por varios arquitectos y especialistas. La defensa de la fuente de trabajo y de los correctos sistemas de operación en ella es de interés vital para estos profesionales ((En una propuesta del MOP, actualmente en curso, para nuevas Instalaciones en el Paso Libertadores (entre ellas, un edificio de 18.000 m2), deben concurrir las siguientes especialidades: Topografía – Mecánica de Suelos y Geotécnica – Hidrología – Estudio de Avalanchas – Estudio de Vientos – Arquitectura – Ingeniería Estructural – Ingeniería Eléctrica – Iluminación – Instalaciones Sanitarias Agua Potable – Instalaciones Sanitarias Alcantarillado – Instalaciones Sanitarias – Drenajes – Instalaciones de Gas – Instalaciones de Petróleo y otros combustibles – Pavimentación Interna – Pavimentación Vialidad Interna – Pavimentación Vialidad Externa – Anteproyecto Acústico – Anteproyecto de Seguridad – Arquitectura del Paisaje – Estudio Económico y de Análisis de Riesgos – Complemento de Evaluación Social – Versión Preliminar del Módulo de Negocios – Cláusulas de Transferencia de Riesgos – Climatización y Extracción – Instalaciones Mecánicas – Señalética Interior – Señalética Vehicular – Residuos Sólidos – Presupuesto, Cubicación, Precios Unitarios – Adecuación Funcional – Presupuesto de Mantenimiento – Maqueta Virtual 3 min – Complemento presentación a MIDEPLAN rentabilidad social del proyecto. El plazo para consultas ha sido de 5 días calendario y 3 días hábiles.)). Estas consideraciones implican la necesidad de actuar sobre la totalidad del campo de trabajo profesional, no sólo en el de los temas concursables, y situar en él al arquitecto en su real gravitación.
La complejidad de muchos proyectos y la realidad del ejercicio profesional, las urgencias y presupuestos, requieren un sistema de adjudicación de contratos más complejo que la imagen que se tiene del típico concurso. Es necesario avanzar en esa complejidad, contar con ella y diseñar las herramientas necesarias que salven los principios de transparencia y acceso igualitario.
El sistema de Concesiones ha permitido al Estado la construcción de grandes obras de infraestructura que han sido un adelanto para el país, liberando además recursos para otras obras. Los contratos con Pago contra Recepción, están en boga en este momento, para obras de todo tamaño. Ambos sistemas parecen convertirse en los formatos contractuales para el desarrollo de la mayoría de las obras futuras.
El Concurso típico que concebimos los arquitectos se reducirá a un menor número de obras especiales; se ve que como solución para la gran masa de ellas es una utopía. Mientras tanto es fundamental una acción para mejorar la posición del arquitecto en los dos sistemas: Concesiones y Pago contra Recepción.
En ambos casos el arquitecto no es contratado por el Estado, que debería ser su cliente natural. Pasa a ser dependiente y defensor de los intereses preponderantemente económicos de sus contratantes. En la mesa de negociaciones – si es que llega hasta ella – el arquitecto se sienta frente al Estado, es decir en el lado opuesto al del cliente final que representa al ciudadano usuario de las obras. Siendo el arquitecto quien mejor conoce los verdaderos intereses técnicos y valores de un proyecto – y esto no se refiere sólo a sus valores estéticos – debe, sin embargo, en la práctica hacer mutis. Las exigencias de buena ejecución que pueda hacer, por ejemplo, quedan limitadas por otros intereses. Si el Inspector Fiscal y sus asesores no se incumben en proyecto, si no han estudiado los planos y especificaciones, no tendrá suficiente autoridad u oportunidad para insistir en ellas si esto va en contra de los intereses de su cliente, concesionario o la empresa constructora.
Hacía muchos años que no se construían estadios en Chile. El Estado se comprometió a construir varios, se construyeron cuatro para permitir la realización del Mundial femenino en Chile el año 2009. Para ello se fijaron plazos técnicamente imposibles y para cumplirlos se batieron records y fue inevitable aceptar defectos de ejecución. El terremoto del 27 de Febrero plantea nuevamente la necesidad de una urgente reconstrucción y en los ámbitos más diversos. Etapas en que la premura es necesaria para resolver problemas requieren condiciones de excepción. Aún así debería haber procedimientos preestablecidos para proceder.
Hoy se hace una muy importante diferencia entre los conceptos “supervisión de obra” e “inspección de obra”. En la segunda está el costo y la calidad final del proyecto. Por esto se contratan actualmente en cualquier obra importante oficinas que ponen un número considerable de profesionales como “Asesoría a la Inspección Fiscal”. El presupuesto para este servicio profesional es considerable, sus honorarios frecuentemente alcanzan o incluso sobrepasan los honorarios de proyecto. Mientras tanto el arquitecto autor del proyecto no tiene un lugar contractual establecido claramente para esta etapa de construcción de la obra. Parece claro que debería implementarse un sistema en que el autor de la obra pueda actuar independientemente y contratado para esta etapa directamente por el Estado. Debería hacer una inspección periódica y participar en las decisiones de la obra.
El arquitecto autor de la obra, aparte del cuidado de ella, estará funcionalmente más libre de compromisos y debería tener mayor autoridad que cualquiera. En reuniones que se llevan a efecto en el MINVU para una política de reconstrucción post sismo del 27/2 se ha opinado que a veces “no hay inspectores técnicos con autoridad e imperio para imponerse. Una cantidad minoritaria de empresas, pero importante, terminan no obedeciendo las instrucciones ((Diputado Patricio Hales, arquitecto, en las reuniones del Comité de Reconstrucción MINVU (¿agosto? 2010) ))”. Por otra parte durante la construcción de una obra puede presentarse la necesidad de dirimir sobre la correcta interpretación de una especificación y eventualmente autorizar un cambio. Aunque esta situación debe ser excepcional para no abrir paso a colusiones o corrupción, nuevamente la presencia del arquitecto autor de la obra es una garantía adicional para que estas situaciones sean evitadas.
b. Transparencia en los contratos que otorga el Estado.
Protocolos claros y transparentes así como la idoneidad de los encargados de esta labor son fundamentales. El Reglamento de Concursos del Colegio de Arquitectos establece, entre otros requisitos, el anonimato, la presencia de representantes de los concursantes en el Jurado y Actas del Jurado en que se expresen los criterios de adjudicación, que son esenciales en cualquier evento de este tipo. El Estado es el mayor constructor de obras de arquitectura y no es un tema trivial el de la forma de asignación.
Los concursos en que se ha solicitado el patrocinio del Colegio y se han cumplido estas condiciones han correspondido a las obras públicas más importantes de este último tiempo ((En los últimos tres años: Museo de la Memoria, Plaza Sotomayor en Valparaíso, Edificio de Correos, Centro Cultural Gabriela Mistral, Centro Cultural Cerro Cárcel en Valparaíso.)). Sin embargo muchos otros contratos se otorgan en forma irregular, poco transparente, dejando incluso márgenes para una posible corrupción.
Se agregan en los contratos condiciones de presentación muchas veces incumplibles e inútiles: cantidad de documentos, número de láminas, plazos aberrantes, etc. Los redactores de las bases parecen ser inexpertos. En algunos municipios, para edificios de poca importancia, se siguen mecánicamente los modelos de Bases que el MOP ha diseñado para proyectos de gran envergadura. Son arquitectos los que se esmeran en coleccionar condiciones difíciles de cumplir y fuera de contexto. Se cumple aquí aquello de que no hay peor astilla que la del mismo palo.
Las obras del Estado son para los ciudadanos y generalmente en una u otra forma están destinadas a su servicio. El Estado es el administrador de los fondos de la Nación recaudados a través de los impuestos. No puede entregarse la adjudicación de las obras a cualquiera.
Una política nacional al respecto debería centralizar esta función en la Dirección Nacional de Arquitectura del MOP, reforzando los procedimientos y el personal que allí se desempeña. Esta entidad no debiera ser encargada de la ejecución de proyectos, sino de la gestión de ellos a lo largo del país.
c. Oportunidades igualitarias de trabajo.
En este contexto el Estado es un administrador de fondos públicos y las obras no pueden otorgarse arbitrariamente a “arquitectos de palacio”, amigos, parientes, o como pago de servicios políticos. Las condiciones para acceder a contratos con el Estado deben estar siempre abiertas a la competencia. Sólo en condiciones graves de emergencia podrían hacerse excepciones a este principio básico ((Cuando se cae un puente y se interrumpe el tráfico en una vía de importancia vital, de hecho el Ministro de Obras Públicas tiene la facultad legal de ordenar directamente el trabajo a un contratista de confianza y no hay tiempo para llevar a cabo los procedimientos corrientes para otorgar contratos.)).
En relación con el concepto de igualdad caben algunas precisiones. Él se confunde frecuentemente con uniformidad. Es ésta la que se reclama muchas veces en nombre de la igualdad. El título profesional permite ejercer, pero no garantiza la misma idoneidad en sus poseedores.
La construcción de obras de arquitectura significa inversión considerable de dinero por lo que resulta lógico que en la realidad del ejercicio profesional la evaluación de los antecedentes y experiencia del profesional o la oficina responsable sea un factor importante. El éxito final de un proyecto dependerá en forma significativa de la calidad técnica y afiatamiento del equipo profesional que lo lleve a cabo.
Deben respetarse los antecedentes curriculares de experiencia y categorías de clasificación en que el buen cumplimiento de contratos anteriores debe ponderarse y constituirse en un historial que se transforme en el mayor patrimonio de una oficina y garantía para el Mandante. El reconocer esta complejidad y el dominio que algunas oficinas puedan tener sobre una materia enriquece a la profesión y le da un peso social y otra categoría. La arquitectura se inserta también como una función necesaria, más allá de la sola creación de una imagen estética de prestigio para sus clientes, que por lo demás no todos ellos aprecian, aunque si la esperen por añadidura. El MOP y otras entidades llevan registros de Consultores siendo clasificados estos en diferentes categorías. El ascender a ellas debe ser controlado y merecido. Este sistema de reconocimiento de méritos y eficiencia da un peso específico mayor a nuestra orden. Vale la pena recordar que las oficinas no son una persona sino que equipos de trabajo con responsabilidad e historia profesional. Son servidores públicos que el Estado debería cuidar, alentar y apoyar en su desarrollo como un patrimonio nacional.
d. Mejora en la calidad de la arquitectura pública.
Para las obras de importancia nacional el Concurso Público debiera ser obligatorio. Los concursos permiten la elección de la mejor alternativa entre un grupo de anteproyectos. Entre buenas soluciones puede seleccionarse además la mejor.
La importancia de esta concepción está en el hecho que la calidad arquitectónica de las obras de arquitectura pública está directamente relacionada con la calidad de vida de los ciudadanos. En el espacio público, en la plaza; en los edificios públicos, se da verdaderamente la democracia. Allí somos todos iguales y estos espacios son nuestros por igual. Por sobre la cultura, el salario y la riqueza personales, muy diferentes en cada persona y que la singularizan, el espacio público se da por igual a todos los ciudadanos.
Los edificios públicos albergan muchas veces funciones intimidantes en que parecería expresarse más el dominio del Estado, o el sometimiento del ciudadano, a través de una monumentalidad y severidad propias de una estética clasicista del siglo XIX. Sin embargo ellos son servicios que deben tener una expresión amigable que exprese su verdadero carácter de servicio social, democrático y transparente, contribuyendo así a un ámbito social público de calidad, concordante con una sociedad democrática y pluralista. Las propuestas de un nuevo carácter en los espacios públicos – reflejo del espíritu de este tiempo – deben encontrarse y los concursos de arquitectura pueden ser el mejor medio para propuestas en este sentido. Una nueva espiritualidad y cultura debe encontrar nuevas formas de expresión arquitectónica.
PROBLEMAS DE LOS CONCURSOS:
a. Difícil control presupuestario.
Muchas veces el proyecto ganador supera ampliamente el costo destinado por el Promotor para las obras. Si no es una obra de gran relevancia no se está dispuesto a pagar un valor muy superior al de una estimación previa; resultado: la obra nunca se construye o queda trunca (ejemplo: el concurso para el edificio Gabriela Mistral, en que el Promotor fue incompetente para el cálculo de un presupuesto real y parte importante del proyecto ha quedado postergada. Ojalá que no quede en el olvido). No hay una cultura entre los arquitectos que relacione el proyecto con el costo de su materialización. El concepto imperante es que este factor en el mejor de los casos no necesitará más que una aproximación. El contexto de la casa para un cliente particular se quiere hacer valer en las relaciones con el Estado; en ese caso el cliente por tratarse de su casa hace cualquier sacrificio posible. La mayoría de las personas construirá o comprará una casa en la vida y no se justificó quizás una metodología para enfrentar el asunto y no quedo otra alternativa, si los costos se elevaron, que poner al mal tiempo, buena cara.
En el ambiente fiscal, muy diferente, los ministerios y agencias del Estado están obligados a manejar estrictamente los presupuestos disponibles y la planificación financiera. Una obra que excede su costo programado, posterga o elimina la materialización de otra. Las propuestas en la modalidad de Pago contra Recepción o los proyectos hechos a través del sistema de Concesiones, con los límites que su estructura impone a la acción del arquitecto y en la práctica a la calidad del resultado, tienen para el Estado la ventaja – muchas veces ha resultado más bien teórica (ver imagen de sobrecostos para el estado) – de administrar un contrato con un costo definido como fijo.
Bajo el punto de vista enunciado más arriba, la aplicación del concurso, del arquetípico concurso de arquitectura, a cualquier tipo de obra y en cualquier circunstancia – lo que algunos considerarían quizás ideal – resulta una pretensión bastante ingenua y superficial.
b. El concurso público se mezcla generalmente con intenciones políticas publicitarias.
Chile necesita urgentemente un cambio de mentalidad de la clase política en el sentido de comprender la importancia de una planificación a largo plazo. En muchos casos, reemplazado el interés del público por otra novedad, las obras no se construyen y se olvidan. En otros casos el gobierno de turno – que es “desinfectante” con respecto al anterior – no siente compromiso por lo iniciado por el gobierno pasado y las obras quedan sin terminar o abandonadas.
La falta de seriedad al impulsar estos concursos se expresa en el que sistemáticamente se niegan cláusulas de indemnización a los ganadores de los concursos en caso que las obras no sean construidas. Otras veces, si se compara el monto de honorarios o premios con el costo de la cantidad de horas profesionales, presentación de planos y otros antecedentes, resulta una bonificación exagerada para el Promotor además de un claro abuso.
c. La importancia de la competencia de los Jurados.
Es un tema en el que debe insistirse, la idoneidad de sus miembros y la dedicación necesaria para cumplir con su labor son fundamentales si se tiene en vista la importancia de los Concursos de Arquitectura para el país.
Los jurados a veces son poco rigurosos en su respeto a las Bases y se produce con ello una grave falta de respeto por el trabajo de los concursantes. Cuando uno de los competidores no las respeta arriesga una descalificación y la pérdida de todo su trabajo. Con cierta frecuencia el jurado pasa por sobre ellas cuando se deja entusiasmar por otros elementos no estipulados o, incluso, presiones internas en la sesiones ((Muchas veces un jurado ha estado compuesto por un jefe y sus subordinados)). Las Bases tienen un valor contractual que debe ser consideración básica de concursantes y Jurado.
A veces las Bases no son suficientemente claras y los criterios importantes de evaluación no están definidos, esto debe ser corregido y vigilado por el Colegio de Arquitectos cuando visa un concurso. En otros casos aparecen criterios nuevos que determina el Jurado y que, de partida, facilitan su trabajo al eliminar con su aplicación una gran parte de los anteproyectos presentados. Si esos criterios no estaban fijados de antemano en las Bases, el Jurado no tiene el derecho de aplicarlos. Es esencial que el arquitecto representante del Colegio vele específicamente para que esto no ocurra, y busque en este aspecto una solidaridad con el miembro representante de los concursantes para hacer frente común en contra de las interpretaciones ilegítimas de las Bases.
En alguna oportunidad el Jurado se ha aplicado plazos extraordinariamente exiguos para el estudio de los anteproyectos presentados y ellos no permitían un estudio serio de las numerosas propuestas ((El Concurso para el edificio municipal de Vitacura reunió alrededor de 75 participantes. El Jurado, compuesto incluso por algunos Premios Nacionales de Arquitectura, se tomó una semana para emitir su fallo. En el plazo de esa semana estaban incluidos los feriados de Semana Santa y más de algún Jurado los tomó de vacaciones. Quien tenga una experiencia de profesor universitario sabe que es muy difícil absorber seriamente más de unos cuatro o cinco proyectos diarios. Algo semejante sucedió con el proyecto de la Torre a que convocó la Municipalidad de Santiago durante la Alcaldía de Joaquín Lavín. Aquí el esfuerzo y aporte de los arquitectos fue entusiasta y serio y, en el fondo, burlado)). En otros casos la calidad gráfica de la presentación ha sido el principal elemento considerado para la decisión a falta de un estudio más a fondo de las propuestas. Esto también es culpa de un desempeño poco leal de los Jurados arquitectos y que contribuye en forma importante a una desvalorización de nuestra profesión.
