A continuación los dejo con una columna que apareció hoy (Jueves 4 de Marzo) en el diario El Mercurio y que trata sobre la preservación y restauración del Patrimonio Nacional, por lo demás fuertemente golpeado por el reciente terremoto, y en el que se exponen interesantes puntos al respecto. Al final de la columna los links directos al artículo original.
Es obvio que en estos momentos la prioridad absoluta es atender a la seguridad, subsistencia, salud, vivienda y demás necesidades básicas de los muchos miles de damnificados. Igualmente obvio es que el país tendrá que abordar de inmediato las tareas de recuperación productiva. Todo lo anterior exigirá un esfuerzo inmenso, más allá de cuanto se programó en la pasada campaña presidencial.
Sin perjuicio de eso, no se puede olvidar que, además, hay por delante otra labor gigantesca, pero tradicionalmente postergada, cual es rescatar al menos parte del patrimonio arquitectónico y urbano, terriblemente alcanzado por la catástrofe. Este diario ha venido informando sobre lo que se observa más notoriamente, y ya eso es abrumador: casi ningún edificio de valor histórico se ha salvado de daños cuya magnitud real sólo podrá evaluarse más adelante. Sin embargo, desde ya debería adoptarse el criterio de que no cabe demoler sin más. Una especialista, la presidenta de la Corporación Identidad Patrimonial, ha advertido de inmediato que mucho de ese patrimonio podría rescatarse, que casi todo se puede restaurar y que el problema para ello no es de factibilidad, sino de costos. No será posible rescatar todo, pero al menos sería orientador que los expertos vayan señalando qué se desea prioritariamente restaurar, a la luz de consideraciones de historia, materiales, espacios, arquitectura, técnicas constructivas, sistemas estructurales, formas, diseños, estilos, modos de vida. Seguramente habrá que elegir, pero, como lo ha planteado la especialista referida, ¿cuál se elige, con qué materiales, con qué técnicas? Al respecto, las voces acreditadas podrían en muchos casos evitar decisiones precipitadas e irreversibles. Chile no puede ahora empeorar la deuda cultural consigo mismo en que incurrió cuando procedió a la destrucción monstruosa, inútil y gratuita del Puente de Cal y Canto.
Tal vez, en una situación extrema, sólo se pueda preservar un número dolorosamente limitado de obras de indiscutida significación patrimonial, pero ni siquiera eso sería hoy posible en el marco normativo vigente: el Estado tiene siempre —y tanto más ahora— otras prioridades socialmente impostergables, y el sector privado carece hoy de vías expeditas que lo incentiven a hacerlo. El presente desastre redobla la evidencia de que se requiere una nueva legislación por la que el Estado de Chile cumpla su deber de velar por el patrimonio nacional registrado y público. Sin más dilación debería ahora flexibilizarse la Ley de Donaciones Culturales, para que los privados puedan actuar, con o sin fines de lucro: lo que realmente importa es facilitar la reconstrucción de algo que es parte de nuestra identidad.
Nuestro patrimonio está brutalmente alcanzado, pero aún no del todo perdido. Chile debería hoy tener presente el ejemplo de Europa, que, con ciudades enteras en escombros tras la Segunda Guerra Mundial, sin desatender las naturales prioridades humanitarias y sociales, supo aguardar y no demoler, para luego abocarse paciente y sistemáticamente a recuperar todo cuanto fue posible —labor que continúa de modo admirable hasta nuestros días, más de seis décadas después del término de aquélla.
Imágenes: Flickr Fer.Fuentes
