A fines del 2010 empezó a regir en Chile la Ley 20.365, que establece una franquicia tributaria para la instalación de paneles solares en viviendas nuevas de hasta 4.500 UF.
El beneficio se entregó con gran éxito a las empresas constructoras que instalaron sistemas solares térmicos en viviendas nuevas, descontando de sus impuestos el 100% del valor del sistema con un tope de 32 UF para viviendas de hasta 2000 UF, el 40% del valor del sistema con un tope de 32 UF para viviendas de entre 2001 y 3000 UF y el 20% del valor del sistema con un tope de 32 UF para viviendas de entre 3001 y 4500 UF. En el caso de los edificios, los topes variaban entre las 23 y 29 UF dependiendo del tamaño de la superficie del sistema.
Este monto se hacía suficiente para instalar un panel solar con su respectivo equipamiento en viviendas sociales, lo que ha fomentado el uso masivo de fuentes de energía renovables por parte de una gran cantidad de familias de escasos recursos, generando ahorros significativos y evitando el consumo de gas para el calentamiento del agua.
Este mes de Diciembre la ley termina su vigencia, pero actualmente los parlamentarios que conforman la comisión de minería y energía del Senado, acordaron enviar un proyecto de acuerdo al Presidente Sebastián Piñera para extender su vigencia hasta el año 2020. ¿Influirá el cambio de Gobierno en el futuro de esta exitosa ley?
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